La Habana está siendo invadida por una plaga que está afectando sensiblemente tanto la vida hogareña como los sitios de trabajo: el ruido ambiental.
La ''contaminación sonora'' de la capital cubana resulta tan alarmante que la prensa oficial alertó este martes que las autoridades policiales impondrán multas a quienes perturben la tranquilidad de los vecindarios mediante el uso abusivo de aparatos electrónicos o con otros ruidos molestos e innecesarios, particularmente en horarios nocturnos.
De acuerdo con una información legal aparecida en el diario Granma, el problema trasciende los malos hábitos de convivencia, como poner la música a un volumen para consumo del barrio entero o gritar en la calle sin importar la hora, y se ha agravado ante la impunidad de los infractores y el ''dejar hacer'' o ''dejar de hacer'' de las instituciones responsabilizadas con evitar la contaminación ambiental causada por los ruidos.
En una columna titulada ¿Quién le pone coto al ruido?, el periódico recuerda que un estudio ambiental realizado en zonas residenciales de Ciudad de La Habana, en 1989, determinó que el ruido figuraba ya entre los factores más perjudiciales para la población, tanto en el hogar como en el trabajo.
''Dos décadas después este elemento contaminante continúa siendo el causante de daños personales, sociales y económicos'', afirma el artículo.
La redactora Lourdes Pérez Navarro, especializada en asuntos legales, recuerda en su columna que en Cuba existen legislaciones de carácter laboral, ambiental, de vialidad y tránsito, y normas relacionadas con el ruido para poder enfrentar la ''agresión sonora'' que sufre La Habana.
Numerosas quejas se han registrado recientemente en cartas de lectores, reuniones de barrio y asambleas de electores acerca de la crisis de ruido que experimenta la sociedad cubana.
Una ley vigente señala al Ministerio de Salud Pública como el organismo encargado del control higiénico sanitario, por lo que son las direcciones municipales de Higiene y Epidemiología las que deben inspeccionar y tramitar las quejas de la población sobre el ruido.
Además, en agosto de 1999 el gobierno provincial de Ciudad de La Habana aprobó un reglamento para el control de ruidos en las zonas residenciales de la capital, fijando los niveles máximos admisibles de ruido en horarios diurnos y nocturnos en viviendas e instalaciones sociales.
El citado reglamento dispone que cuando los niveles sonoros emitidos por una persona jurídica transgredan los límites máximos, los especialistas de Salud o de Medio Ambiente podrán tomar diferentes medidas, entre ellas: multas, paralización de las actividades y suspensión temporal o definitiva de licencias.
Si la entidad responsable no resuelve el problema en el plazo indicado para ello, deberá entonces responder por un delito de desobediencia.
En relación con las fiestas en domicilios, un decreto de 1988 sobre contravenciones de orden interior dispone que después de la una de la madrugada los inquilinos podrán ser multados y obligados a concluir la actividad si no cuentan con previo permiso de las autoridades.
Según el artículo de Granma, también infringen la ley, específicamente el Código de Vialidad y Tránsito, quienes usen equipos de audio a un volumen que moleste o impida la debida concentración para conducir un automóvil, o aquellos que utilicen el claxon dentro de las zonas pobladas, exceptuando los casos de situaciones imprescindibles con heridos y enfermos graves.
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