Publicado el domingo 06 de julio del 2008

Empresas encaran medidas contra indocumentados

JULIA PRESTON

The New York Times

Bajo la presión de las mayores redadas de inmigrantes indocumentados en dos décadas, los empleadores de todo el país se defienden como gato boca arriba en las legislaturas estatales, los tribunales federales y los gobiernos municipales.

Los grupos empresariales han resistido medidas para revocar la licencia de operación a las empresas que empleen a inmigrantes ilegales y proponen alternativas que cambien las normas federales para verificar los documentos de identidad y la ampliación de los programas para importar legalmente trabajadores de otros países.

Aunque el esfuerzo es obra tanto de republicanos como demócratas, en muchos lugares se reabre el cisma del problema migratorio que afectó al Partido Republicano el año pasado. Ciertas empresas, generalmente bastiones republicanos, se enfrentan a otros miembros de ese partido, que los acusan de socavar las normas de protección fronteriza y con ello perjudican los empleos en el país al contratar a inmigrantes ilegales para pagar poco.

Las empresas de Arizona se indignaron el año pasado con una ley aprobada por la Legislatura estatal, de mayoría republicana, que revoca la licencia a las empresas que sean halladas culpables dos veces de emplear a indocumentados. En el período de sesiones de esta año lograron que se aprobara una norma más específica que establece que no se aplica a trabajadores contratados antes de este año.

La semana pasada una agrupación de empresas de Arizona sometió más de 284,000 firmas, muchas más de las necesarias, para incluir en la boleta electoral de noviembre una propuesta que haga esa ley menos estricta para las empresas.

También en meses recientes se votó contra proyectos de ley en Indiana y Kentucky, donde la mayoría en las legislaturas está dividida, debido en parte a advertencias de grupos empresariales que las medidas perjudicarían la economía.

En Oklahoma varias cámaras de comercio acudieron a los tribunales federales el mes pasado y consiguieron una orden que suspendió ciertas cláusulas de una ley estatal del 2007 que exigía que las empresas utilizaran una base federal de datos para investigar el estatus migratorio de personas recién contratadas. En California las empresas han recurrido a funcionarios electos, como el alcalde demócrata de Los Angeles, para que cabildearan ante las autoridades federales de inmigración para que no realizaran redadas en compañías establecidas.

"Esas empresas han comenzado a darse cuenta de que están en la mejor posición para alegar que que necesitan trabajadores y que están dispuestos a cumplir la ley'', dice Tamar Jacoby, presidente de la federación InmigrationWorks USA.

Después de años de hacer cumplir las leyes sin mucha uniformidad, los agentes de inmigración han realizado numerosas redadas, que el año pasado generaron 4,940 arrestos en centros de trabajo. Aunque el tema de la inmigración desde hace mucho se considera un asunto federal, en los estados se plantearon más de 175 proyectos de ley relacionados con el empleo de inmigrantes, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Legisladores estatales dicen que han actuado contra de empresas frecuentemente en reacción a fervientes demandas de los votantes para reducir el incentivos del empleo que atraía a grandes cantidades de inmigrantes ilegales.

"La inmigración ilegal es un peligro para la seguridad de las familias de Missouri y la seguridad de sus empleos'', dijo el gobernador Matt Blunt, de ese estado, cuando la legislatura aprobó en mayo una ley contra la inmigración ilegal. "Me complace que los legisladores hayan escuchado mi llamado para continuar la batalla en los casos en que Washington no ha actuado''.

Pero debido a la movilización de las empresas, las propuestas estatales este año han reflejado más las preocupaciones de éstas. Los legisladores estatales "han comenzado a responder más a la comunidad empresarial debido a su participación'', dijo Ann Morse, que estudia el tema de la inmigración para la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

La ofensiva empresarial se ha visto estimulada por las drásticas medidas del gobierno federal, la falta de acción del Congreso en Washington y numerosas leyes estatales punitivas promulgadas el año pasado, que crearon exigencias contradictorias. Muchas empresas se vieron políticamente a la defensiva al tener que hacer frente, en un momento de desaceleración económica, a la escasez de personal poco calificado.

Las empresas californianas consiguieron el apoyo de Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Angeles, que en marzo le escribió a al secretario de Seguridad Territorial, Michael Chertoff, criticando a los agentes de inmigración por haber realizado redadas contra "empleadores establecidos y responsables'' en la ciudad y exhortándolo a concentrarse en los que tenían un historial de infracciones laborales.

En Virginia, una coalición de empresas interceptó proyectos de ley que tenían por fin cerrar los negocios que contrataran a inmigrantes ilegales y hubiera exigido a todas las empresas participar en el sistema federal para verificar la documentación de los nuevos contratados, el E-Verify. A nivel nacional, los grupos empresariales se oponen al uso obligatorio del sistema, que ahora es voluntario, porque dicen que la base de datos de la Administración del Seguro Social está lleno de errores que pudieran llevar a negarle trabajo a ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales, y que representa una sobrecarga burocrática para la entidad.

Las empresas de Virginia dijeron que han aprendido la lección del año pasado después que un amplio proyecto de ley de inmigración que apoyaban fue rechazado en el Congreso.

"Las empresas deben hablado con sus representantes para pedirles una reforma racional'', dijo Hobey Bauhan, presidente de la Federación de Procesadores de Pollo de Virginia, que incluye a varios de los mayores usuarios de mano de obra barata del estado. Al final, los legisladores de Virginia adoptaron reglas de verificación dirigidas a empleadores que sistemáticamente contratan a inmigrantes ilegales.

El 9 de junio el presidente Bush ordenó a todos los contratistas federales que verifiquen los documentos de nuevos empleados a través de E-Verify. El gobierno presiona por una norma que presiona a las empresas a despedir en 90 días a cualquier trabajador cuya información de identidad no concuerde con los expedientes de la Administración del Seguro Social, como frecuentemente sucede con los inmigrantes ilegales. La primera versión de esa norma fue pospuesta el año pasado por orden de un tribunal federal.

Aunque muchas empresas lo han aceptado, dicen que hablan por muchos otros que tienen trabajadores inmigrantes y han descubierto que la ofensiva los ha dejado en una peligrosa situación legal. Aunque las redadas y las sanciones han aumentado, los empleadores de inmigrantes a salarios bajos no pueden examinar los documentos de identidad o verificar el estatus migratorio de sus empleados después de haberlos contratado debido a las normas contra la discriminación.

"El problema para los empresarios es que aunque cumplan la ley al pie de la letra, es inevitable que los que tienen a muchos trabajadores inmigrantes tengan algunos con documentos falsos'', dijo Peter Schey, abogado que representa dos compañías de California que enfrentan la presión de los agentes federales de inmigración. "El sistema no funciona para las empresas ni para los inmigrantes''.